La pandemia de COVID-19 nos ha obligado a tomar medidas de prevención y protección que han hecho necesario un replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de manera segura. La recuperación de la actividad en nuestro centro educativo debe adaptarse en consecuencia a estas medidas.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, la necesidad de plantear una educación a distancia y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación, aunque desde el centro se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los y las docentes y entre alumnos/as.
Somos conscientes que la educación no presencial ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo que tienen que ser abordadas desde el propio centro. Además de estas desigualdades a nivel educativo, el cierre de los centros educativos ha generado también un aumento de las mismas a nivel de bienestar emocional y social y que la escuela pública debe abordar.
Se hace necesario, por tanto, retomar la actividad presencial, pero adoptando una serie de medidas de protección y prevención frente a COVID-19 que garanticen que se realiza una vuelta a las clases en septiembre de manera segura, saludable y sostenible
Dada la situación actual de la epidemia, el importante impacto en salud y equidad del cierre de los centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de salud pública de continuar con algunas medidas de prevención y control de COVID-19, y la necesidad de convivir con la incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia, es necesario el diseño de una estrategia a partir de septiembre consensuada por los diferentes agentes implicados.
